Venezuela, a diferencia de otros países latinoamericanos, sigue
atrasada en materia de derechos de personas sexodiversas (LGBTI)
“Un día íbamos en un taxi dos amigos y una
amiga. Todos de ambiente. La policía paró al taxi y no nos querían dejar ir, no
había motivo para tenernos ahí. Uno de los policías se enamoró de mi amiga, que
era lesbiana, y empezaron las ofensas hacia nosotros y hacia ella. El paco fue
claro, nos dijo que no nos íbamos a ir hasta que mi amiga le hiciera sexo
oral…”. Esta es solo una pequeña historia que cuenta un joven valenciano de 18
años que asistió a la marcha del Orgullo Gay en Caracas, quien no quiso revelar
su identidad por seguridad.
El Día Internacional del Orgullo LGBT
(Lesbiana, Gay, Bisexual y Transgénero), también conocido como Día
Internacional del Orgullo Gay, tiene lugar cada 28 de junio o el primer sábado
posterior a esta fecha. En la cual, todos los colectivos o asociaciones
homosexuales se reúnen de forma pública, en las distintas capitales del mundo,
para articular acciones e instar a la reflexión sobre la discriminación, basada
en la violencia física, moral, sexual o simbólica de las personas lesbianas,
gays, bisexuales,travesti, transexuales,
transgéneros e intersexuales.
Este día se conmemora por los disturbios de Stonewall en 1969, que marcaron el inicio de la liberación
homosexual.
El domingo 30 de junio la comunidad LGBTI
venezolana, marchó desde la estación Miranda hasta Zona Rental, donde se ubicaba
una tarima. Colectivos de distintos estados del país asistieron masivamente a
la convocatoria para expresar sin tabúes su orientación sexual, además de
demandar sus derechos mediante mensajes en pancartas, panfletos y cuerpos
pintados.
Hombres con tacones y ropas
femeninas caminaron por la avenida Francisco de Miranda, cuerpos semidesnudos
pintados de colores llamativos, lentejuelas, maquillajes elaborados, atrajeron
la atención de quienes paseaban por las calles.
.jpeg)
.jpeg)
La población sexodiversa presente, más que
poder festejar y marchar libremente una vez al año, tienen varias solicitudes
legales pendientes: primero, el reconocimiento de uniones estables de hecho
entre parejas del mismo sexo; segundo, reconocimiento de la identidad de
personas trans; tercero, tipificación de crímenes de odio en el Código Orgánico
Procesal Penal y agravante por agresiones homofóbicas o transfóbicas; cuarto,
aprobación de adopción conjunta por parte parte de parejas homoparentales; y
por último, la protección integral contra la discriminación en todos los
ámbitos.
Las exigencias de este grupo ya no tienen que
ver únicamente con la unión en matrimonio, sino con algo más esencial: la
protección de sus derechos humanos como ciudadanos venezolanos. La comunidad
LGBTI de venezuela solicita la inclusión de los llamados crímenes de odio en la
Legislación Nacional, casos como el del joven valenciano se repiten a diario en
cualquier rincón del país y no existe una herramienta jurídica a la que puedan
acudir por su condición homosexual o trans.
Una
excepción regional
A nivel mundial, América Latina se encuentra
entre las regiones con mayor avance en el tema de derechos de la comunidad
LGBTI, de acuerdo con lo que explica la doctora en derecho, Tamara Adrián,
secretaria mundial trans de ILGA (siglas en inglés, International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans
and Intersex Association), Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales.
El informe de mayo de 2013 publicado por esta organización habla sobre
el gran salto que se da en países de la región, como Argentina, donde la
creación de la Ley de Identidad de Género de 2012 permite cambiar legalmente el
nombre y el sexo de una persona que así lo desee y solicite. Algo similar
ocurre en Uruguay desde 2009, donde ciudadanos pueden solicitar el cambio de
nombre, aunque primero deben superar un juicio.
En Colombia y Ecuador, se permite hacer una
solicitud simple de cambio de nombre, pero no de sexo. En este último país,
como en Costa Rica y Chile existe una discusión legal sobre la creación de una
Ley de Identidad de Género. “Argentina, Uruguay y Ciudad de México permiten el
matrimonio igualitario, co-maternidad, co-paternidad y adopción conjunta,
mientras que Colombia, Ecuador y Brasil reconocen la igualdad de derechos a
todas las parejas”, se explica en el informe.
La reforma del derecho penal también se está
abriendo paso en América Latina, tema que tiene vital importancia en la comunidad
LGBTI. Bolivia y Honduras ha criminalizado las acciones homofóbicas y Costa
Rica tipificó los delitos por odio. En contraste, Venezuela y Perú, están entre
los países de la región donde no ha habido progreso alguno en materia de
inclusión legal de la población sexodiversa.
Desde 2007, se han presentado documentos ante
la Asamble Nacional de la República Bolivariana de Venezuela con las
solicitudes de reconocimiento que hace la comunidad LGBTI del país, pero hasta
el momento no han obtenido una respuesta por parte de este poder público. En
los documentos se encuentra una exigencia particular para la tipificación de
delitos por odio, que Adrián define como “una categoría que se refiere a agresiones y delitos
cometidos contra una persona y que están asociados a prejuicios del atacante
que pueden ser religiosos, raciales, por su nacionalidad o por su orientación
sexual e identidad de género, real o percibida", pero tampoco ha
conseguido entrar en el debate del hemiciclo.
Cada año, las movilizaciones organizadas por
esta comunidad se toman un día para llegar hasta los entes encargados de la
legislación venezolana y entregar informes, pero cuando se pregunta sobre el
estatus de estos documentos, la doctora en derecho responde muy segura que
“deben estar en la gaveta de alguna persona”.
La agresión contra personas con preferencias sexuales distintas
a la heterosexualidad es una realidad que organizaciones de distintos orígenes
reconocen. Sin embargo, existe una discrepancia en cuanto a la tipificación de
los distintos crímenes de odio de los que son víctimas las personas
sexodiversas.
Dos puntos
de vista
Existen diversas asociaciones y ONGs que
defienden y velan por los derechos humanos de las personas sexodiversas en
Venezuela. Con respecto a la violación o crímenes por odio basado en violencia
física u homicidio, Gabriel Silva, representante del Bloque Socialista Unido de Liberación Homosexual y
vicepresidente de la Asociación Civil Orgullo LGBT, expresó que no existen
delitos o crímenes de odio desde su perspectiva.
Explica
que evidentemente coexiste una violencia general en el país que no permite
determinar que el motivo de la agresión o muerte de un homosexual sea el
rechazo hacia su condición sexual. Por otra parte, argumenta que el caso de las
personas trans es distinto porque trabajan y lidian con las vicisitudes de la
calle. “En muchos casos se enredan en problemas de tráfico de drogas, aunado a
la prostitución”, amplía; condiciones que para él, imperan como causa
principal de homicidio, y no precisamente sus tendencias sexuales.
Considera
que en Venezuela “estamos reyes” pues en distintos paises de latinoamérica y el
mundo aún se sanciona la unión entre personas del mismo sexo, contemplado en
sus respectivas leyes.
En contraste,
Rosmit Mantilla, dirigente de Proinclusión, movimiento del partido
Voluntad Popular que defiende los derechos de la comunidad LGBTI de Venezuela,
asegura que sí existen crímenes impulsados por el repudio contra personas
sexodiversas. “Nosotros estamos convencidos de que existen delitos por odio,
pero como el Estado no los reconoce, no es motivo de estudio”, sostuvo
Mantilla.
Cada lado ve con su propia lupa, pero la
realidad es una sola y está ahí. Los delitos por odio no están necesariamente
ligados con la muerte de las víctimas. Cualquier tipo de agresión entra en esta
categoría.
Las cifras
En 2008, un segundo informe publicado por
Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI), sobre Homofobia, Violencia e
Impunidad contra la Comunidad Lesbiana, Gay, Transexual y Bisexual en la
República Bolivariana de Venezuela evidenció
que en una encuesta realizada a miembros de la comunidad LGBTI venezolana el
61% de los encuestados reportaron haber sufrido agresiones provenientes de
particulares, y que el 79% de estas personas no denunciaron el abuso.
Una encuesta más reciente, realizada en enero
de 2012, online, por Diverlex, Diversidad e Igualdad a Través de la Ley, en
conjunto con la doctora Tamara Adrián, sobre la Situación
de discriminación y violencia contra la población LGBT de Venezuela arrojó que de 236 personas, 57 ha sido
agredida físicamente por ser LGBTI, lo que representa un 24% del total. Sin
embargo, el panorama cambia cuando se trata de maltrato verbal. De 242
personas, el 82% de los encuestados afirmaron haber sido víctima de alguna agresión
verbal por ser LGBTI, lo que se traduce en un total 199 agredidas verbalmente
por su orientación sexual.
En una encuesta realizada a 100 personas el
pasado domingo en la marcha del Orgullo Gay en Caracas, se le preguntó a cada
encuestado si consideraban que existía en Venezuela delitos por odio, si había
sido víctima de crímenes de este tipo y si conocían a alguien que hubiera sido
víctima.
A la primera pregunta, 90 personas
respondieron afirmando que sí ocurren delitos de odio en Venezuela. De este
grupo, un 29% ha sido víctima de abuso, lo que equivale a 26 personas
protagonistas de la agresión; mientras que, el 78% de los encuestados conoce a
alguien que ha sido víctima de agresiones de odio, es decir, 70 de las 90
personas.
Es válido resaltar que entre los encuestados
no hubo trans, que suelen estar más asociados con los delitos motivados por
odio.
En materia de agresión contra la población
sexodiversa, la organización Venezuela
Diversa, asociada a la red LGBTI de Venezuela, empezó a documentar estos casos
desde 2008, a raíz de
la muerte de un merideño, según se explica en un reportaje de El Universal.
Homofobia
Dévora (27), trans del estado Vargas, cuenta
que en su lugar de residencia nunca ha tenido problemas de discriminación
porque todo el mundo la conoce, pero sabe que no en todos lados sucede igual.
La joven asegura que cuando va a visitar a su familia en el estado Yaracuy no
puede salir a la calle sola. “Cuando llego me buscan en carro al terminal y me
dejan en la puerta de la casa porque saben que en la zona las agresiones contra
LGBTI son comunes. Allá se ha sabido de casos en los que desnudan a los hombres
y les dan palizas solo por ser homosexuales. Imagínate a mí, vestida de mujer”.
En la calle, diariamente se escuchan
descalificaciones hacia las personas homosexuales. Aparte de agresiones
verbales, hay casos de agresiones físicas y sexuales por homofobia, por abuso
de poder u otras razones. Es el caso del joven valenciano, quien quiso compartirlo
protegiendo su identidad, sin embargo, existen otras oacasiones que han trastocado a las
autoridades y asociaciones defensoras de la comunidad LGBTI en el territorio
nacional; así como también incidentes que son silenciados por miedo por parte de la
víctima.
En el año 2012 en el estado Aragua,
específicamente en el municipio Linares Alcántara, el estudiante Angelo Prado
Perdomo de 18 años fue rociado con gasolina y prendido en fuego vivo. El hecho
fue perpetrado por tres jóvenes y uno de ellos que fue capturado alegó que “en
esa zona no se aceptaban homosexuales”.
Asimismo, el caso del profesor Lava Socorro de la Universidad Santa
María que fue suspendido por expresar, en su clase de Derecho Romano a
estudiantes de primer semestre, comentarios homofóbicos. Esto causó gran
revuelo y rechazo en las plataformas sociales Twitter y Facebook, tanto que
logró la suspensión del docente. La evidencia fue un video publicado en Youtube
que logró más de 25mil visitas. En la grabación se escucha como el catedrático
le dice a sus alumnos que los romanos aborrecían a los griegos porque estos
últimos eran homosexuales, también dice: "Usted no puede usar el ano para
tener relaciones sexuales, porque el ano es para defecar".
Ante este hecho la Fundación Reflejos
Venezuela dirigió un comunicado a la Universidad Santa María, Defensoría del
Pueblo, Asamblea Nacional en donde se le acusó a Lava Socorro de violación de
los derechos humanos.
Precisamente por la resonancia de estos
casos, la respuesta judicial ha sido mayor, pero no es lo común. En cambio, es
frecuente que los delitos cometidos en contra de personas sexodiversas sean
procesados, en caso de serlo, como delitos comunes o pasionales.
De la fundación Reflejos de Venezuela
aseguran que la falta de protección legal es una carta blanca para que
particulares y funcionarios policiales perpetren actos de abuso en contra de
personas pertenecientes a la comunidad LGBTI por razones de su orientación
sexual o identidad de género.
Exigencias
Frente a este panorama, la comunidad ha sido firme en sus peticiones. Este mismo año, se entregó nuevamente un documento en el que se reafirman las exigencias de reconocimiento de la sexodiversidad en Venezuela.
1.
Suprimir la
condición de “hombre y mujer” del artículo 118 del Código de Registro Civil,
referido a las uniones estables de hecho, que contempla lo siguiente:
“La libre manifestación de voluntad efectuada entre un hombre y unamujer, declarada de manera conjunta, de mantener una unión estable de hecho,conforme a los requisitos establecidos en la ley, se registrará en el librocorrespondiente, adquiriendo a partir de este momento plenos efectos jurídicos,sin menoscabo del reconocimiento de cualquier derecho anterior al registro”
De este modo, las parejas del mismo sexo podrían celebrar uniones estables de hecho.
2. Modificación del ley Orgánica de Registro Civil para el reconocimiento de la identidad de personas trans, que no está contemplado.
3. Inclusión de una disposición de agravante
específica por odio en el Código Penal, además de un delito específico de agresiones
homofóbicas o transfóbicas
4. Protección integral contra la
discriminación en todos los ámbitos
No han recibido negativas formales a sus
peticiones, sin embargo la omisión del tema es evidente. En un encuentro entre
representantes de la Red LGBTI de Venezuela y en otrora el presidente de la
Asamblea Nacional, Luis Fernando Soto Rojas, se refirió a las acciones de
defensa de este grupo como una lucha interesante, pero que se trata de un tema
de resistencia política, así lo expresó Rosmit Mantilla.
Llama la atención que todavía existan partidos
dentro del poder legislativo que al momento de debatir sobre el tema, sostengan argumentos
religiosos en contra de la homosexualidad, siendo este un Estado laico. Los
grupos religiosos son los principales resistentes al cambio en la región, lo
que significa que la iglesia y sus posturas conservadoras aún se imponen sobre
la legislatura de algunos países.
El activismo por parte de quienes defienden los derechos humanos de la comunidad LGBTI no cesará. Su trabajo apunta a que en un futuro Venezuela logre estar a la par de sus homólogos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario